Neoliberalismo [Parte 6]

El neoliberalismo mexicano real

La sociedad

El neoliberalismo ha efectuado varias reformas que transformaron el corazón del edificio constitucional creado por la revolución mexicana: los artículos 3, 5, 24, 27 y 130. Se decretó así el fin del reparto agrario, se modificó el ejido, se reconoció la personalidad jurídica de la Iglesia, se privatizó la banca.

Del ataque inicial a las directivas sindicales de petroleros y maestros, el salinismo no sólo logró obtener una imagen de fuerza y rechazo a liderazgos corruptos, sino que subordinó a la voluntad presidencial los feudos sindicales que sobrevivieron, en particular la CTM[1]. De ahí la relativa facilidad con que luego la presidencia impuso pactos entre capital y trabajo, que decretaron topes salariales pero liberaron precios. Ahora bien, la maniobra tuvo un costo: la red corporativa de la que tanto y tan bien se sirvieron presidencias anteriores quedó muy debilitada, casi inutilizada.

Por otro lado, una de las banderas del neoliberalismo mexicano fue: no al Estado obeso (populista e ineficiente), sí al Estado fuerte (promotor y garantía de eficacia, justicia y libertad). Sin embargo, en una de las áreas de responsabilidad del Estado tan elemental e importante como es la impartición de justicia y la protección cotidiana del ciudadano en su persona, propiedad y derechos, la realidad no ha correspondido, ni de lejos, a la promesa. En la práctica y en esa materia, os mexicanos simplemente pasamos del Estado obeso al Estado inoperante o, de plano, al Estado inútil.

Un indicador que da idea de lo dramático de la situación mexicana en relación a la inseguridad ciudadana, a la inefectividad de su policía frente al aumento de la violencia criminal, apareció en un número de The Economist de 1993. En un cuadro de indicadores sociales, ese semanario británico comparó la situación de 1990 en veintidós países que van de Estados Unidos, Suecia y Suiza a Brasil, China e India. México resultó con la tasa más alta de asesinatos: 30.7 por cada cien mil habitantes del sexo masculino. La cifra es un poco más que la de Brasil, el doble que la estadounidense, seis veces superior a la de India, veinticinco veces más que la española y cuarenta y tres veces mayor que la de Japón.

¿Ése es el Estado fuerte prometido? ¿El sistema político más estable de América Latina en el siglo XX termina con uno de los mayores índices de violencia cotidiana? Creo que en México, la inseguridad y la justicia corrupta han sido, desde siempre, dos de las características que han hecho aún más difícil y miserable la vida cotidiana de los pobres en la ciudad y el campo. Sin embargo, en los últimos tiempos, la sensación y la realidad de la inseguridad y de la inutilidad de la policía y del sistema todo de impartición de justicia, se ha extendido hacia las zonas superiores de la pirámide social.

Primero se propagó hacia los sectores medios y, finalmente, desde 1993 rompió la barrera histórica y alcanzó también a los grupos más altos: a la propia élite. La perversa democratización de la inseguridad mexicana.

Al descuido histórico de los gobiernos posrevolucionarios en materia de policía e impartición de justicia, que produjo corrupción e incompetencia en abundancia, se le viene a añadir hoy un elemento externo que hace todavía más difícil que en México realmente tome forma ese supuesto “Estado fuerte” capaz no sólo de privatizar y cobrar impuestos, sino de enfrentar con éxito a la delincuencia. Ese elemento es el narcotráfico. Según cálculos de la Procuraduría General de la República, resulta que en 1994 los ingresos brutos de los varios grupos de narcotraficantes que operan en México, pudo ascender a los treinta mil millones de dólares. La magnitud de la cifra es impresionante. Representa prácticamente el mismo monto de las reserves del Banco de México, reportadas en 30.5 mil millones de dólares a fines de marzo de ese mismo año. Un narcotráfico tan fuerte como el Banco de México bien puede penetrar todas las estructuras gubernamentales que considere necesarias: los aparatos de seguridad, la Procuraduría General de la República, los gobiernos estatales, las policías, el ejército, todos.

El Estado ha ido perdiendo terreno desde hace tiempo frente a la corrupción policíaca y judicial; sin embargo, poco se hizo al respecto en el sexenio salinista, y no porque faltaran recursos económicos sino porque faltaron recursos humanos y, sobre todo, faltó voluntad y sobró irresponsabilidad política.

Y es que en realidad, el objetivo central de largo plazo del proyecto neoliberal mexicano al cual se subordinaron de terminados objetivos específicos de corto plazo la firma del TLC, el control de la inflación, la disciplina fiscal , es la creación de ese sector social que desde hace mucho está en formación en México, pero que por diversas razones nunca ha cuajado: la gran burguesía. Con el Estado en retirada, se abre ahora un espacio de liderazgo económico, político y cultural que sólo puede ser llenado por el gran capital. La modernización neoliberal, en países como el nuestro, lleva casi de manera inevitable a que la burguesía, la gran burguesía esa que el estatismo mantuvo por tanto tiempo dependiente y débil  se convierta en la clase estratégica, aunque ya no sea una burguesía nacional sino trasnacional.


[1] La Confederación de Trabajadores de México (CTM) es una central sindical obrera fundada el 22 de febrero de 1936, durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Tiene como antecedente a la (Confederación Regional Obrera Mexicana CROM).

OzzBarrera

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