Neoliberalismo [Parte 9]

[…] Para Ricardo Petrella[1], “El Estado de bienestar es un sistema basado en un contrato social escrito y tácito que garantiza la seguridad social, individual y colectiva, que promueve la justicia social y que propone fórmulas eficaces de solidaridad entre los hombres y las generaciones”.

Tina Mäkinen hace una clasificación de modelos del Estado del bienestar que se desarrollan después de la Segunda Guerra Mundial:

  1. Modelos de seguridad social básica. Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.
  2. Modelo selectivo: saca al rico para dar al pobre. Australia.
  3. Modelo corporativista: otorga más a quienes ya tienen. Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos.
  4. Modelo abarcativo: brinda cobertura universal y alto nivel de prestaciones. Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega.

El concepto de Estado benefactor ha recibido apoyo de conservadores y liberales, de socialistas y democratacristianos, debido a que se sustenta en una nueva forma de Estado: el Estado social de derecho, forma que sustituye al Estado liberal de derecho.

El Estado social de derecho ha venido configurándose debido al impulso de una serie de acontecimientos históricos. Con el cambio de percepción sobre la pobreza a finales del siglo XIX, a la que se le consideró como un problema social, el Estado alcanzó la categoría de un Estado benefactor obligado a brindar seguridad social.

En la Alemania de finales del siglo XIX, Otto von Bismarck, canciller del segundo Reich, promovió un importante sistema de seguridad social dirigido a los trabajadores industriales y financiado de manera tripartita por los asalariados, los empleadores y el Estado.

Casi a la par, la aportación de la Gran Bretaña fue la de la reforma laboral: se promulgó en 1897 una ley sobre accidentes de trabajo, seguida en 1908 por la ley de pensiones a las personas más pobres, hasta llegar a 1911 a la ley nacional del seguro que cubría la enfermedad, la invalidez y el desempleo.

El siguiente antecedente en el desarrollo del Estado social de derecho es la conformación de la socialdemocracia como una vertiente del movimiento socialista en 1919. La socialdemocracia amalgama la visión de un Estado promotor del desarrollo con objetivos sociales de corte marxista y las formas económicas capitalistas de organización.

La Revolución Mexicana de 1910, que tuvo como resultado la primera Constitución Política que consagró importantes derechos sociales y formas de propiedad no privadas, protegidas por el Estado, contribuyó a la conformación del Estado social de derecho. En el mismo sentido Alemania contribuyó garantizando en la Constitución de Weimar la obligación del Estado de satisfacer los derechos laborales mediante la reforma laboral.

El Estado de bienestar maduro experimentó varias crisis: una tendencia al crecimiento ilimitado de las demandas de bienestar social que se reflejó en el crecimiento continuo del gasto social; límites para recaudar impuestos en la medida necesaria para sostener el creciente gasto social; instituciones públicas grandes que experimentaban problemas propios de tal tamaño, rigidez, burocratización, corrupción e insensibilidad social (crisis de legitimidad). Todo en un contexto económico de estancamiento, que dificultaba el crecimiento del ingreso nacional.

Muy ligados a los factores causales de la triple crisis del Estado benefactor, se han desarrollado argumentos a favor de la privatización desde la economía, desde la política y desde la sociología: desde el punto de vista económico, la privatización eleva la eficiencia en la asignación de recursos; políticamente la privatización permite desbaratar las coaliciones sociales interesadas que sobredemandas beneficios al Estado, lo cual lleva a la modificación de la conciencia y la acción política del público para trasladar sus demandas del Estado al mercado; y, sociológicamente, el reconocimiento del problema burocrático del gobierno y la ineficacia de los programas sociales en gran escala, permiten sugerir el fortalecimiento de las instancias comunitarias descentralizadas capaces de garantizar la eficacia de los programas públicos.

En opinión de O’Higgins, uno de los más grandes defectos de la estrategia de bienestar social pasada ha sido tratar la beneficencia social como un fin en si misma y por tanto concentrarse en insumos de recursos como símbolos de progreso y de compromiso.

No debe cuestionarse la beneficencia social en si misma, porque precisamente en un Estado cada ciudadano debe estar bajo resguardo, al menos en un nivel de bienestar mínimo definido socialmente.

Este último parece ser el cometido del Estado benefactor, en el que pueden encontrarse ingredientes neoclásicos (la defensa del mercado libre y competitivo), ingredientes neoliberales (la defensa de los derechos de propiedad) y una vocación del bienestar como un derecho ciudadano.


[1] Economista y politólogo italiano. Consejero de la Unión Europea, profesor de globalización y sociedad de la información en la Universidad de Lovaina, es uno de los fundadores del Comité Internacional por un Contrato Mundial del Agua, que preside el ex presidente de Portugal Mario Soares.

OzzBarrera

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